Universitarios en Venezuela Ataque y represión durante el 2017

22 de diciembre de 2017 Arismendi Luis

Aula Abierta Venezuela, en conjunto con otras organizaciones universitarias de derechos humanos, visibilizó por primera vez en la historia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos la situación de los universitarios en 2017: Violaciones a la libertad académica, criminalización de la protesta, ataques del Poder Judicial venezolano a la autonomía universitaria, crisis presupuestaria y otros ataques a derechos humanos en el ámbito universitario.

Maracaibo, Zulia, Venezuela, 22 de diciembre de 2017 (D58).- Históricamente las universidades han sido el epicentro del pensamiento crítico y plural de una nación, donde las ideas nacidas de un proceso científico-académico afloran y nutren directamente la democracia misma, razón por la cual las dictaduras comúnmente han tomado a la comunidad universitaria como principal blanco de ataque.

El contexto de las universidades venezolanas arropó durante el 2017 una realidad en estos términos, donde Aula Abierta Venezuela pudo determinar que el Estado venezolano, a través de los distintos órganos que conforman los Poderes Públicos, implementó una política dirigida a pulverizar los derechos humanos que protegen a los universitarios, materializándose de distintas maneras:

Criminalización de la protesta y persecución contra universitarios

Las protestas en Venezuela se originaron a finales del mes de marzo de 2017, a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales agravaron la ruptura del orden constitucional en Venezuela al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre de 2015, iniciando así una ola de protestas de la sociedad civil exigiendo el restablecimiento de la institucionalidad y democracia en el país. Esta oleada, cuya duración fue de unos 4 meses (Abril-julio), incrementó su intensidad cuando el Presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó la convocatoria inconsulta a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

A lo largo de estos 4 meses la comunidad universitaria, conformada por profesores y estudiantes, se erigió como uno de los principales protagonistas de las manifestaciones donde el uso desproporcional de la fuerza, represión e incluso uso de armas de fuego fue la regla por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano y en oportunidades, por civiles armados (Paraestatales) que actuaron con la aquiescencia del Estado.

En este sentido Aula Abierta Venezuela, en el marco del Observatorio de Derechos Universitarios, pudo registrar que al menos 92 manifestaciones convocadas por la comunidad académica o que contaron con una amplia participación de la misma resultaron reprimidas, registrándose al menos 21 irrupciones al recinto universitario. Paradójicamente un cuerpo como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llamado a garantizar la seguridad de la ciudadanía, terminó siendo el principal componente represor del Estado venezolano al liderar un 82% de las represiones.

El saldo del referido actuar desmedido y sistemático del Estado es alarmante: Al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente en el transcurso del año 2017. Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. De estos 17 profesores, 8 fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y 3 liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad.

Dentro de estos casos, destaca el del profesor Santiago Guevara Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo (UC) quien fue detenido arbitrariamente el día 21 de febrero de 2017 en el estado Carabobo bajo el cargo de «traición a la patria», luego de haber publicado un artículo de opinión en el diario «El Boletín» de Madrid, España titulado «De goya a la sana prospectiva» donde abordó el tema de políticas públicas y situación actual de Venezuela. Lleva más de 10 meses detenido, estando comprometido su estado de salud al padecer múltiples afecciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medida cautelar No.383-17 solicitando al Estado venezolano adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Guevara García. En la actualidad, profesores como Jorge Machado o Rolman Rojas se encuentran, al igual que Guevara, injustamente privados de libertad.

Las cifras en relación al caso de los estudiantes no son más alentadoras: 21 estudiantes fallecidos en el marco de la represión. Adicionalmente al menos 339 estudiantes universitarios resultaron detenidos arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y quedando afectados por medidas privativas de libertad.

Claro ejemplo de esta situación es la que vivieron los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) del estado Aragua, quienes fueron presentados ante la justicia militar, en virtud de una imputación arbitraria de los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza, siendo once de los detenidos enviados a la cárcel militar El Dorado. Su condición de salud actual es delicada, presentando varios de ellos la enfermedad conocida como Paludismo.

Asedio del Poder Judicial venezolano contra las universidades

Cuando se piensa en el Poder Judicial de una nación, lo que es lo mismo a tribunales y cortes, la noción de justicia regularmente aparece en la mente del intérprete. Lamentablemente, en el caso del Poder Judicial venezolano no puede concluirse lo mismo. Desde el año 2010 se han registrado más de 43 decisiones que vulneran directamente el contenido de la libertad académica, la autonomía universitaria y por consecuencia el derecho a una educación de calidad.

En el referido año, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano inició una práctica que trajo como consecuencia la suspensión de las elecciones universitarias en más de 9 universidades.

Posteriormente, en el año 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a todas las universidades públicas de la nación que debían acatar las asignaciones de cupos que desde la Oficina de Planificación del Sector universitario (OPSU) se realizarán sobre nuevos ingresos al sistema de educación superior, la cual es completamente arbitraria según han denunciado autoridades como la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha.

Esto resulta lógico si se tiene en consideración que esta oficina designa hasta un 100% de la capacidad para nuevos ingresos que tienen las universidades públicas, es decir, mediante esta designación las universidades se quedan sin la posibilidad práctica de ingresar al estudiantado que haya aprobado los procesos de admisión diseñados por ellas.

Por si fuera poco, durante el año 2017 Juzgados con competencia en lo contencioso administrativo en el estado Mérida y el Distrito Capital ordenaron a la Universidad Central de Venezuela y a la Universidad de Los Andes, respectivamente, suspender los concursos de oposición para profesores, vulnerando una vez más la autonomía universitaria y trastocando gravemente la libertad académica y el derecho a una educación de calidad.

El 28 de noviembre del presente año se concretó la más reciente intervención del Poder Judicial contra las universidades: El Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital ordenó a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela suspender un acto de grado de culminación de carrera hasta tanto no se incluyera en la lista preliminar a un estudiante que, increíblemente, exigía ser parte de la misma sin haber aprobado la totalidad de la carga académica del pensum de estudios de su carrera.

Aulas venezolanas sin profesores ni estudiantes

Por si fuera poco el asedio constante de una deformada «justicia», las universidades venezolanas se encuentran carentes de su componente más importante: estudiantes y profesores. Del trabajo realizado por Aula Abierta Venezuela, se obtuvieron los siguientes hallazgos: La Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad de Oriente (UDO) tienen la cifra más alarmante de deserción con una estimación de un 50%. En esta línea, la Universidad de Carabobo (UC) y la Universidad de Los Andes (ULA) estiman entre un 30% y 40%, mientras que La Universidad del Zulia (LUZ) estima en un 30% la deserción de sus estudiantes.

Las causas de este fenómeno son de distinto tipo. La realidad venezolana se encuentra marcada por una profunda crisis económica, política y social a la cual se le debe sumar la crisis presupuestaria que han venido denunciando las distintas casas de estudios superior públicas, las cuales afirman recibir entre un 20 % y un 30% del presupuesto requerido al Ministerio de Educación Superior, lo cual produce que los servicios estudiantiles como el comedor, el transporte e inclusos providencias (programas de subsidio) sean prácticamente nulos, dejando a la población estudiantil universitaria desamparada.

Adicionalmente la existencia de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como figura centralista que interviene en los asuntos inherentes a las casas de estudio, funge como un factor causal y al mismo tiempo agravante. Esta oficina monopoliza la distribución de los alimentos proteicos de los comedores estudiantiles, la asignación y manejo de recursos de las divisiones de transporte de las universidades y asigna, de manera inconsulta con las universidades, nuevos ingresos de estudiantes para los cuales las casas de estudio no tienen la capacidad.

No solo los estudiantes en Venezuela están abandonando las aulas de clases, también se ha registrado la fuga de profesores universitarios. Algunas universidades como la Universidad Central de Venezuela, estiman la fuga de talento para el 2017 entre un 30 y 50%. Esta fuga de talento profesoral calificado al exterior atiende a la búsqueda de una mejor calidad de vida. Resulta lógico si se tiene en consideración los pírricos sueldos que perciben los catedráticos por su labor: un profesor de dedicación exclusiva devenga aproximadamente 8,5 dólares mensuales mientras que el de tiempo intermedio gana unos 5 dólares. Estas cifras atienden a una conversión de 100 Bolívares por 1 Dólar Americano (Tasa paralela), según estudios realizados Aula Abierta Venezuela.

Lo expuesto ha servido como combustible para la sociedad civil, que más allá de ver estas situaciones con preocupación, ha entendido la importancia de reivindicar el goce y respeto efectivo de estos derechos, tanto nacional como internacionalmente. Es así como Aula Abierta Venezuela, en un trabajo colaborativo con distintas organizaciones y cátedras de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria, logró un hito al exponer por primera vez en la historia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las violaciones y amenazas que sufren la libertad académica y la autonomía universitaria en el marco del 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, el sistema interamericano no fue la única instancia internacional donde Aula Abierta Venezuela visibilizó el tema universitario durante el 2017. En el marco de las actividades de la CIDH en Montevideo, David Gómez Gamboa, Director de Aula Abierta Venezuela junto a Mayda Hocevar, Directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), pudieron mantener una reunión con Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se hizo de su conocimiento las preocupaciones que la sociedad civil tiene en relación al respeto y promoción de la libertad académica y la autonomía universitaria.

En definitiva, la conquista de los derechos universitarios es una lucha que desde Aula Abierta Venezuela se pretende desarrollar con más fuerza para el año 2018, donde se vislumbra la consolidación de estos derechos humanos a lo largo y ancho del continente americano.