ONU expone informe de los horrores que se viven en el Arco Minero del Orinoco
El informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció que 149 personas han muerto desde 2016 en la zona, sin hallar justicia.
Caracas, Venezuela, 15 de julio de 2020 (ND58).- Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe en el que denuncia la explotación, abusos y atropellos que sufren las personas que trabajan en el Arco Minero del Orinoco.
«Están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia», explica la alta comisionada. Además, expone que estos atropellos son propiciados por grupos irregulares que dirigen las minas, llamados «sindicatos».
«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», señaló Bachelet.
El informe, indica que los «sindicatos» castigan cruelmente a quienes no cumplen con las reglas que ellos han impuesto en el territorio. Además, señala que estos grupos se benefician económicamente de todas las actividades extracción que se llevan a cabo en la zona.
Los «sindicatos», explica el informe, practican la extorsión sobre los pobladores de la zona ofreciéndoles a cambio medidas de protección.
La funcionaria de las Naciones Unidas, también denuncia que estos grupos realizan sus actividades ilegales, manteniendo un fuerte control en la zona, vigilando quien entra y quién sale. El documento añade que existe un sistema de corrupción en el que incluso se manejan sobornos a comandantes militares.
Explotación y abuso generalizado
Los turnos de trabajo, dentro de la zona minera, son de hasta 12 horas y los trabajadores no cuentan con los implementos de seguridad necesarios para su labor.
El trabajo, tampoco es gratis, los «sindicatos» cobran de un 10 hasta un 20 % de lo que extraiga el minero y los propietarios de los molinos, donde se trituran las rocas para separarlas de los minerales, pueden cobrar incluso hasta un 30 por ciento.
El Arco Minero del Orinoco, se ubica en las zonas selváticas del Venezuela, entre los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Zonas lejanas de los centros poblados de estos estados.
Los mineros, además, viven en sectores que no cuentan con servicios de agua, electricidad o incluso condiciones sanitarias apropiadas. Estas mismas condiciones precarias han propiciado la aparición y aumento de casos de malaria.
Detalla el informe que la contaminación por mercurio elemento que se utiliza para separar el oro de otros minerales, ha causado el envenenamiento tanto de mineros como de pobladores locales. Esta contaminación, se tramite tanto por los gases que emana como por su derrame en los ríos de la zona.
La denuncia también expone que menores de edad, a veces niños de edad inferior a los 10 años, son explotados en las minas y un incremento de la prostitución y el abuso sexual en estas zonas tanto mujeres como adolescentes.
El informe, denuncia 149 muertes que han sucedido en los últimos cuatro años, como productos de guerras por el control del territorio, como por castigos impuestos por los grupos que controlan las zonas.
Los castigos, crueles y criminales, van desde palizas, amputaciones de manos hasta asesinatos. La Alta Comisionada denuncia que en ocasiones los cuerpos fueron arrojados a las propias minas y que las autoridades se han visto involucradas en estos actos.
Bachelet, pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para desmantelar estos grupos irregulares y detener los abuso y la explotación que se llevan a cabo en estos territorios.
El informe, repasó la situación de los derechos humanos en el país haciendo referencia también a las interferencias políticas en los procesos judiciales.
«Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos», concluyó Bachelet.
Redacción: Morales, Joel (@joeldmc32) | Fuente: Agencias
Edición: Villasmil, Henry; Chávez, Marian
Gráfica: Cortesía
