![\"\"](\"https:\/\/digital58.com.ve\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/El-Estimulo-1-1-1100x572-1.jpg\")
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inform\u00f3 en julio que hubo una \u00abaplicaci\u00f3n discrecional\u00bb del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales<\/p>\n
Caracas, DC, Venezuela\u00a0<\/strong>28 de agosto de 2020 (ND58).-<\/b>\u00a0Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagaci\u00f3n de la COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control f\u00e9rreo sobre la poblaci\u00f3n creando un Estado policial, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n Desde que se declar\u00f3 el estado de excepci\u00f3n para combatir la COVI-19 a mediados de marzo de 2020, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores pol\u00edticos que critican al gobierno de Nicol\u00e1s Maduro. A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una \u00abley contra el odio\u00bb absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder judicial sin la m\u00e1s m\u00ednima independencia. A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por la COVID-19. Algunos detenidos han sufrido abusos f\u00edsicos que podr\u00edan constituir torturas.<\/p>\n \u00abEl estado de excepci\u00f3n ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un r\u00e9cord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos\u00bb, expres\u00f3 Jos\u00e9 Miguel Vivanco, director para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch.<\/p>\n \u00abEn la Venezuela de hoy no es posible siquiera compartir un mensaje privado v\u00eda WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecuci\u00f3n penal\u00bb, asegur\u00f3.<\/p>\n El 13 de marzo, Maduro decret\u00f3 un estado de \u00abexcepci\u00f3n y alarma\u00bb en todo el pa\u00eds y dispuso medidas para limitar la propagaci\u00f3n de la COVID-19, incluyendo restricciones a la circulaci\u00f3n, la suspensi\u00f3n de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas. Maduro prorrog\u00f3 el estado de excepci\u00f3n cinco veces, superando el l\u00edmite constitucional de 60 d\u00edas. La Asamblea Nacional, de mayor\u00eda opositora, no aprob\u00f3 las medidas, aunque la ley exige tal aprobaci\u00f3n.<\/p>\n El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar \u00abinspecciones\u00bb cuando las \u00abestimen necesarias\u00bb si existe una \u00abfundada sospecha\u00bb de que se est\u00e1n violando las disposiciones del decreto. En la pr\u00e1ctica, quienes se encargan de que la poblaci\u00f3n cumpla con las medidas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; la polic\u00eda, incluida la Polic\u00eda Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como colectivos, que colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.<\/p>\n La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inform\u00f3 en julio que hubo una \u00abaplicaci\u00f3n discrecional\u00bb del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales. La Oficina de la ACNUDH ha documentado, asimismo, que los colectivos han intimidado y atacado a opositores pol\u00edticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia, y han controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en zonas populares. Igualmente, organizaciones locales han documentado que agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron en forma arbitraria a quienes no usaban mascarillas o estaban reunidos en grupos en la calle, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles presuntamente por haber incumplido medidas de cuarentena.<\/p>\n A partir de un an\u00e1lisis de casos reportados por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicaci\u00f3n venezolanos, Human Rights Watch identific\u00f3 casos en los cuales 162 personas habr\u00edan sido v\u00edctimas de hostigamiento, detenci\u00f3n o persecuci\u00f3n penal entre marzo y junio. La organizaci\u00f3n no gubernamental venezolana Foro Penal inform\u00f3 que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio. Entre mayo y agosto, Human Rights Watch entrevist\u00f3 a trav\u00e9s de WhatsApp a v\u00edctimas y sus familiares y\/o abogados en ocho casos. Sus testimonios y las pruebas que los corroboran coinciden con lo se\u00f1alado por otras organizaciones.<\/p>\n Las investigaciones de Human Rights Watch revelaron que las autoridades han hostigado, detenido y procesado a opositores pol\u00edticos, incluyendo varios legisladores, periodistas que publican informaci\u00f3n cr\u00edtica, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades y abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos. Agentes de las fuerzas de seguridad tambi\u00e9n han confiscado tel\u00e9fonos celulares y computadoras port\u00e1tiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotograf\u00edas o grabaciones de video.<\/p>\n En algunos de los casos reportados los detenidos sufrieron abusos, incluyendo agresiones verbales y f\u00edsicas, golpizas y haber sido esposados por per\u00edodos prolongados. En un caso que document\u00f3 Human Rights Watch, ocurrido en marzo, un defensor de derechos humanos que hab\u00eda sido detenido mientras asist\u00eda a manifestantes fue esposado a una columna dentro de un destacamento militar durante cinco horas. No le proporcionaron comida ni agua; tampoco le permitieron usar un ba\u00f1o ni llamar a sus familiares. Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana lo golpe\u00f3 en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merec\u00eda vivir.<\/p>\n En otro caso, del mes de abril, polic\u00edas mantuvieron a un abogado esposado a una tuber\u00eda met\u00e1lica por dos horas, bajo el sol, en el patio de un centro de detenci\u00f3n. El abogado hab\u00eda sido detenido por expresar cr\u00edticas contra autoridades locales en sus redes sociales. Luego de esto, le negaron el acceso a un ba\u00f1o por 26 horas.<\/p>\n En numerosos casos reportados desde el inicio del estado de excepci\u00f3n, las personas que compartieron o publicaron informaci\u00f3n en redes sociales cuestionando a funcionarios p\u00fablicos o criticando pol\u00edticas p\u00fablicas fueron acusadas de incitaci\u00f3n al odio o a delinquir. Una ley contra el odio de 2017, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, contiene disposiciones imprecisas que proh\u00edben los \u00abmensajes de intolerancia y odio\u00bb \u00a0publicados en medios de comunicaci\u00f3n o redes sociales. Los delitos acarrean una pena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. En varios casos, se les han imputado delitos de posesi\u00f3n de armas o \u00abagavillamiento\u00bb \u00a0(asociaci\u00f3n il\u00edcita) a opositores pol\u00edticos, a partir de pruebas que habr\u00edan sido plantadas para incriminarlos.<\/p>\n Debido a la pandemia, los tribunales funcionan con un cronograma limitado. Esto ha generado demoras en la tramitaci\u00f3n de liberaciones y en el acceso a expedientes por parte de los abogados defensores. Las medidas para contrarrestar la pandemia tambi\u00e9n han sido utilizadas para justificar detenciones sin \u00f3rdenes judiciales. La justicia prohibi\u00f3 a varios detenidos bajo arresto domiciliario que usaran redes sociales o se refirieran a \u00abasuntos del Estado\u00bb, una medida que viola su derecho de libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n Las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos que han ocurrido desde la declaraci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n siguen el mismo patr\u00f3n que los abusos sistem\u00e1ticos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad que Human Rights Watch ha documentado en las brutales arremetidas contra opositores desde 2014.<\/p>\n El derecho internacional proh\u00edbe limitar ciertos derechos fundamentales incluso durante per\u00edodos de emergencia. Estos incluyen el derecho a la vida, la prohibici\u00f3n a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo y a no sufrir detenci\u00f3n arbitraria y el derecho a la revisi\u00f3n judicial de las detenciones. Toda restricci\u00f3n de otros derechos debe estar prevista en la ley y debe resultar necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia.<\/p>\n Diversos expertos en derechos humanos de la ONU han destacado que los gobiernos no deben emplear el estado de excepci\u00f3n por el covid-19 para actuar contra determinados grupos o encubrir acciones represivas. \u201cLas restricciones impuestas para responder al virus deben responder a objetivos leg\u00edtimos de salud p\u00fablica y no deben usarse solamente para acallar el disenso\u201d, manifestaron los expertos de la ONU.<\/p>
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