El abogado penalista Juan Pablo Montiel denuncia detenciones arbitrarias y automatismo en el sistema penal
El jurista advierte sobre la normalización de arrestos sin orden judicial y cuestiona la falta de tutela efectiva en las audiencias de presentación, más allá de las reformas legislativas.
Maracaibo, Zulia, Venezuela, 06 de febrero de 2026 (ND58).- Ante el actual debate sobre las reformas judiciales y un nuevo Código Penal en Venezuela, el abogado penalista Juan Pablo Montiel insta a una revisión profunda del funcionamiento fáctico del sistema de justicia, alertando sobre la persistencia de detenciones sin orden judicial y la vulneración sistemática del debido proceso.
La realidad tras la normativa
Montiel sostiene que, independientemente de los anuncios legislativos o las leyes de amnistía, existe una praxis cotidiana que no debe normalizarse.
Según el jurista, numerosos ciudadanos sufren privaciones de libertad carentes de las garantías mínimas.
«Hay una cantidad significativa de casos en los que ciudadanos han sido detenidos sin orden judicial, sin control efectivo del debido proceso y sin garantías mínimas», afirmó el abogado.
El especialista detalló que, con frecuencia, estas personas son trasladadas a dependencias policiales y retenidas ilegalmente. En estos escenarios, denunció la existencia de prácticas delictivas como la extorsión por parte de funcionarios.
«Eso constituye un delito y, jurídicamente, un supuesto de flagrancia. No puede tratarse como un trámite lento o como una investigación ordinaria sin urgencia; exige una respuesta inmediata del Estado», sentenció.
El automatismo en la privación de libertad
Uno de los puntos críticos señalados por Montiel es la desnaturalización de las audiencias de presentación. A su juicio, estas instancias han derivado en actos protocolares donde el juez renuncia a su labor de contralor.
«Hoy en día, en demasiados casos, las audiencias de presentación se han convertido en actos meramente formales, donde la privación de libertad se decreta casi de manera automática», explicó.
El letrado argumentó que se utiliza la fase incipiente de la investigación como excusa para no verificar la legalidad de la aprehensión.
Recordó que el juez tiene la obligación constitucional de revisar si existió flagrancia real y si la medida es proporcional.
«Cuando ese control no se ejerce, la prisión deja de ser una medida excepcional y se convierte en la regla», agregó.
Asimismo, recalcó que si bien el Ministerio Público posee fiscales especializados, la respuesta ante abusos de autoridad no puede ser diferida ni burocrática.
Selectividad penal y presos «invisibles»
Al ser consultado sobre la categoría de los presos políticos, Montiel abogó por un análisis casuístico y técnico, alejado de ideologías. No obstante, advirtió sobre el peligro de invisibilizar a quienes no poseen perfil mediático.
«Mientras se discuten situaciones de alto perfil, hay otra realidad que permanece invisibilizada: personas que no tienen ninguna vinculación política y que permanecen privadas de libertad sin pruebas suficientes», aseveró.
Para el abogado, esta situación evidencia una selectividad perversa en la administración de justicia, donde la legalidad parece depender de la atención pública. «No puede haber ciudadanos de primera y de segunda ante la justicia», enfatizó.
Pobreza y desigualdad ante la ley
Montiel abordó la dimensión sociológica del conflicto penal, señalando que el grueso de la población reclusa proviene de los estratos más vulnerables. Aclaró que esto no exime de responsabilidad individual, pero obliga a mirar el contexto.
«Esto no es un juicio contra nadie. Es un hecho que habla más de nuestras condiciones sociales que de nuestros tribunales», reflexionó.
Explicó que la precariedad y la falta de servicios empujan a los ciudadanos a situaciones límite donde los conflictos escalan rápidamente hacia lo penal. Según su visión, la cárcel suele ser el destino final de una cadena de desatenciones estatales.
Finalmente, el penalista concluyó con un llamado a transformar la visión del Estado: «Un Estado fuerte no es el que más castiga, sino el que previene mejor, acompaña, educa y orienta. La pobreza no puede seguir siendo una antesala de la prisión».
Sala de redacción ND58
Edición: Villasmil, Henry
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