Juan Pablo Montiel denuncia presunta red de extorsión policial en Zulia
El jurista Juan Pablo Montiel acudirá al Ministerio Público para exponer cómo agentes de seguridad exigían altas sumas de dinero bajo amenazas de falsas incriminaciones.
Maracaibo, Zulia, Venezuela, 28 de julio de 2026 (ND58).- El abogado Juan Pablo Montiel anunció este lunes que formalizará una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios policiales del estado Zulia, quienes presuntamente operan una red delictiva. Según el representante legal, estos agentes exigen pagos exorbitantes a los ciudadanos bajo la coacción de involucrarlos en delitos prefabricados.
Durante su comparecencia ante los medios, el especialista detalló que esta estructura estaría integrada por efectivos de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur).
La acusación señala que los uniformados utilizan procedimientos irregulares sistemáticos para intimidar a las víctimas y despojarlas de su patrimonio.
Intercepción y amenazas sistemáticas
Montiel documentó un caso ocurrido el pasado 14 de mayo, cuando dos motorizados detuvieron a un ciudadano en la avenida Milagro Norte de Maracaibo, bajo el pretexto de una infracción de tránsito.
Minutos después, oficiales de Polisur arribaron al sitio en tres vehículos particulares para asumir el control de la situación y trasladar al agraviado hasta su sede en la localidad de Sierra Maestra.
Una vez en el recinto policial, la víctima padeció varias horas de tortura psicológica tras ser confrontada con fotografías de su residencia y de sus vehículos privados.
Los agentes amenazaron con trasladarlo a la prisión de El Helicoide y acusarlo formalmente de tráfico de armamento si se negaba a pagar cien mil dólares.
Montaje de evidencias y nuevas detenciones
Para incrementar el nivel de amedrentamiento, los funcionarios desplegaron armas largas y municiones sobre un escritorio, forzando a la víctima a fotografiarse junto a este arsenal y otras personas.
Esta maniobra tenía la intención evidente de fabricar pruebas incriminatorias que garantizaran el desembolso del dinero exigido.
Posteriormente, al revisar sin autorización el dispositivo móvil del detenido, los captores encontraron comunicaciones vinculadas a una transacción financiera con una joven.
De inmediato, procedieron a localizarla y la retuvieron en la misma delegación policial bajo tácticas de extorsión idénticas.
Pagos forzados y acciones legales
El penalista aseveró que ambos ciudadanos fueron coaccionados hasta lograr reunir sesenta mil dólares en total, suma que alcanzaron tras empeñar propiedades inmobiliarias y vehículos con el respaldo de terceros.
A pesar de haber concretado la entrega de treinta mil dólares por persona, las intimidaciones telefónicas persistieron para exigir un importe adicional de diez mil dólares que nunca se materializó.
Frente a la gravedad de los hechos, la defensa solicitará a la Fiscalía una investigación exhaustiva que contemple el rastreo de llamadas, el análisis de celdas telefónicas y la auditoría de los libros de novedades de la comandancia.
El objetivo principal es documentar técnica y legalmente la presencia de los afectados en las instalaciones durante el lapso que duró el secuestro extorsivo.
«No estamos denunciando simplemente el procedimiento policial irregular, estamos denunciando el presunto uso de una actuación oficial como mecanismo para ejecutar una extorsión. No hemos venido a promover un «juicio mediático» sustentado en «rumores», hemos venido a poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean investigados conforme a la Constitución», concluyó Montiel.
Sala de redacción ND58
Edición: Villasmil, Henry
Gráficas: @villasmilhfoto
