Pruebas de corrupción judicial en Zulia irán a la Asamblea Nacional

El Dr. Juan Pablo Montiel presentará un expediente sobre retardos procesales, barreras económicas y discriminación para respaldar las investigaciones del parlamento.

Maracaibo, Zulia, Venezuela, 23 de mayo de 2026 (ND58).- El abogado y especialista en derecho Juan Pablo Montiel acudirá a la Asamblea Nacional para consignar pruebas fehacientes sobre la corrupción judicial y el colapso estructural que imperan en el estado Zulia.

La medida, anunciada durante una concurrida rueda de prensa ante diversos medios de comunicación, busca frenar una serie de irregularidades que mantienen paralizados los tribunales de la región.

Durante su comparecencia, el jurista alzó la voz para detallar que el sistema de justicia venezolano atraviesa una profunda crisis estructural.

Por ello, argumentó que la realidad zuliana es el vivo reflejo de un problema sistémico que exige una intervención y una revisión inmediata.

Esta iniciativa respalda categóricamente las afirmaciones hechas días atrás por Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo.

La máxima autoridad parlamentaria aseguró de forma pública que el país irá «en serio» en su cruzada para investigar y sancionar a jueces y fiscales corruptos.

Vicios procesales y parálisis del sistema

Montiel desglosó un amplio inventario de graves deficiencias que, a su juicio, imposibilitan el correcto funcionamiento de la administración de justicia en la entidad.

Entre los principales vicios denunciados resaltan los retardos procesales selectivos, amparados en formalismos extremos que entorpecen las causas.

Asimismo, el especialista señaló que en los tribunales imperan las inadmisiones sistemáticas y una centralización excesiva de los procedimientos.

A esto se suma una distribución irregular de los expedientes, la cual suele ir acompañada de actuaciones procedimentales abiertamente contradictorias.

El cuadro de anomalías se agrava con la creación de figuras jurídicas que no están previstas en la ley, lo que erige nuevas trabas para la población. «Estamos observando un colapso práctico de los mecanismos ordinarios de revisión judicial», fustigó el jurista.

En ese mismo sentido, advirtió que la gravedad de esta situación trasciende las fronteras y los tribunales regionales. Agregó de forma tajante que «lo que ocurre en el estado Zulia no puede seguir siendo visto como un hecho aislado».

Impacto social y barreras económicas insalvables

Uno de los puntos más críticos expuestos durante la convocatoria mediática fue el devastador impacto social de esta crisis institucional.

Montiel argumentó que el actual esquema tribunalicio discrimina de forma flagrante a los sectores más vulnerables de la ciudadanía.

El abogado explicó que las irregularidades procesales se han transformado en barreras económicas insalvables para el ciudadano común.

Según detalló, existe una disparidad absoluta y condicionada por los recursos financieros de cada procesado o demandante.

Mientras un individuo con alto poder adquisitivo puede costear viajes a Caracas y contratar a especialistas de renombre, la clase trabajadora carece de alternativas.

Estos grupos privilegiados logran acudir directamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer recursos de casación, amparos o avocamientos procesales.

Por el contrario, quienes carecen del capital necesario para enfrentar estas exigencias extraoficiales y burocráticas quedan marginados del sistema de justicia.

De esta manera, el ciudadano de a pie queda sumido en una situación de absoluta indefensión frente a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Sala de redacción ND58 
Edición: Villasmil, Henry
Gráficas: @villasmilhfoto