Crisis carcelaria en Venezuela: 19 muertos bajo custodia estatal
El deceso de Alberto Solarte en el penal zuliano de El Marite agrava las denuncias sobre la falta de atención médica en el sistema penitenciario del país.
Caracas, DC, Venezuela, 05 de junio de 2026 (ND58).- El fallecimiento de Alberto Rafael Solarte Cabrera en un recinto penitenciario del estado Zulia elevó a diecinueve la cifra de privados de libertad que han perdido la vida bajo custodia del Estado venezolano desde abril de este año.
La defunción, producto de presuntas negligencias médicas, ratifica la emergencia sanitaria que padecen las prisiones del país suramericano, según documentó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Solarte Cabrera expiró en las instalaciones del Centro de Formación del Hombre Nuevo «Doctor Francisco Delgado», otrora conocido como el penal de El Marite.
La institución defensora de derechos humanos registró este suceso como la decimonovena fatalidad ocurrida durante los últimos meses dentro del entramado carcelario nacional.
El OVP advirtió que este caso evidencia, una vez más, el deterioro estructural que atraviesan los recintos de detención en el país.
Los reclusos sufren demoras sistemáticas para recibir asistencia clínica, acceder a medicamentos o ser trasladados a centros hospitalarios ante urgencias inminentes.
Vulneración sistémica de los derechos fundamentales
Durante el periodo reciente, el observatorio ha contabilizado perecimientos en múltiples complejos, tales como Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV y Yare III.
A esta trágica lista se suman la Comunidad Penitenciaria de Coro y los centros de reclusión de Occidente y 26 de Julio.
La organización no gubernamental enfatizó que las autoridades tienen el deber insoslayable de preservar la integridad física de todos los internos.
Esto incluye la obligación de proveer condiciones de habitabilidad y servicios sanitarios compatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El incumplimiento del marco jurídico internacional
De acuerdo con la normativa global, conocida como las Reglas Mandela, la salud de la población reclusa es responsabilidad exclusiva de los Estados, quienes deben garantizar atención inmediata en situaciones de apremio.
Asimismo, el artículo 83 de la Constitución venezolana consagra este derecho fundamental como una obligación indelegable del Gobierno.
Pese al amparo de este marco legal, los centros de reclusión exhiben un déficit crónico en la emisión de diagnósticos tempranos y cortes constantes en el suministro de fármacos.
Estas profundas carencias higiénicas y logísticas convierten cualquier dolencia tratable en una emergencia de consecuencias irreversibles.
Cifras alarmantes y exigencia de investigaciones
El panorama estadístico resulta desolador para la población penal, considerada una de las más vulnerables de la nación.
El Informe Anual 2025 de la asociación civil precisó que el 95,57 % de los decesos bajo custodia gubernamental obedeció directamente a la privación de atención médica oportuna.
Ante esta calamidad continuada, el OVP interpeló a la Defensoría del Pueblo por su inacción en la supervisión, promoción y defensa de las garantías constitucionales dentro de estos recintos.
Finalmente, la agrupación exigió una investigación exhaustiva sobre el fallecimiento de Solarte Cabrera y urgió la adopción de medidas inmediatas para frenar la pérdida de vidas en los calabozos del país.
Sala de redacción ND58 | Fuente: Monitoreamos
Edición: Vilasmil, Henry
Gráficas: De archivo referencial
