Por décadas se ha hablado de las masacres en Colombia

Una cicatriz que no se borra: Detrás de las masacres en Colombia

Colombia, 29 de agosto de 2020 (ND58).- «Cuando se pierde la vida en manos de grupos armados; se entiende que el poder no está en manos de la autoridad sino en el más fuerte» Sólo es una arista del triángulo que azota a Colombia por muchos años.

Por décadas se ha hablado de las masacres en Colombia, no es casual que el país esté clasificado en el segundo lugar de uno de los países más peligrosos en el mundo; nada alentador para los que residen o eligen al país neogranadino como destino turístico.

Miles de familias han sido victimas de secuestros, desapariciones forzadas, muertes sin sentidos lo que ha hecho a la nación un conflicto que no termina, por más tratados de paz que se han celebrado todo sigue igual.

Cada uno de los presidentes han utilizado el tema para sus campañas políticas y se quedan allí en simples promesas o propuestas que no toman forma, las estadísticas aumentan con el pasar de los años y no hay respuesta de cada una de las muertes.

La desaparición forzada es un crimen con unos efectos particulares, que afecta todos los derechos de la víctima, ya que busca borrar su existencia, su cuerpo, los recuerdos de sus vidas, según explica Saúl Franco, comisionado para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. «Es tal la magnitud del daño que la herida que se abre en la mente de los familiares no se cierra y en la mayoría de los casos se va infectando con el tiempo», cuenta Franco, médico y doctor en Salud Pública.

Las cicatrices que prevalece en cada unas de las personas se suma el acontecimiento que muchos de su familiar no aparecen; no hay razón o motivo de su desaparición, pero aun así ellos viven en medio del infortunio de no saber que sucedió.

En una entrevista por parte de un diario digital de la capital la Semana.com, al ministro de defensa Holmes Trujillo, de acuerdo a la relevancia y repunte de las masacres en el país manifestó que siempre han existidos; y se debe a organizaciones que buscan el control total de los lugares que son los llamados cultivos ilícitos, determinadas como las zonas más afectadas y como consecuencia toda la comunidad que allí reside.

El gobierno conoce las zonas de operaciones de estos cultivos y para ellos ha implementado actividades de aspersión y erradicación de manera aérea para facilitar la aplicación sin dañar a los habitantes y provocar daños forestales que debiliten el ecosistema, sin embargo, esto no ha sido suficiente para detener los cultivos.

Por su parte el primer mandatario nacional ha seguido la línea de no pasar más allá de los grupos armados y mantener su posición de no acepar más muertes de colombianos inocentes, pero la sangre colombiana se sigue derramando sin sensibilidad alguna.

Por su parte Holmes destaca «es importante señalar que en 2013 habíamos llegado a 48.000 hectáreas de coca, pero luego se cambiaron las políticas y el número de hectáreas subió a más de 170.000. El Gobierno del presidente Duque logró frenar el crecimiento exponencial». Es muy grave lo que está pasando, lo hemos reconocido.

Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo final entre las FARC y el Gobierno colombiano, hasta la fecha, 55 defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas. En el primer semestre de este año hubo un homicidio de una líder social cada dos semanas y los ataques contra ellas han aumentado un 97 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe Arriesgando la vida por la paz, de Oxfam, que se publica en varios países.

Actualmente a pesar de los cambios ocurridos y la presencia del COVID19 en lo que va del año 2020, va 46 masacres en distintos departamentos y ciudades de Colombia dejando un luto nacional sin precedentes, la constante: jóvenes y en grupo, no mueren solo; mueren acompañados, los que son llamadas «Muertes Colectivas» es por ellos que las imágenes en los medios de comunicación refleja no un solo ataúd, y en el lugar lágrimas de los familiares que lloran la cruel partida, los asesinos, no aparecen a pesar de estar plenamente identificados, mientras que el gobierno ofrece grandes suman de dinero para dar con el paradero de aquellos que son subordinados de quién?, es la gran pregunta, ¿quién controla?

Según el ministro de Defensa en rueda de prensa detalló que las causas de las masacres es parte de las organizaciones que operan para el narcotráfico; y conservar los miles hectárea que sirve de sembradíos.

Recientemente en el mes de agosto se registraron varias masacres en puntos como Samaniego, ciudad ubicada en el departamento de Nariño, lugar donde se han registrado presencia de grupos terrorista que ha dejado a su paso eventos como carros bombas y explosiones generalizadas.

Para hacer mención de un caso en específico; donde murieron personas inocentes que se encontraba en una fiesta familiar, sin mediar palabras y con pasamontañas y fusil en mano en segundo, emprendieron fuego al lugar, el terror se apoderó del grupo de personas, no había un objetivo específico, había balas para todos.

Por su parte el gobernador del departamento, Jhon Rojas, denunció que un grupo de hombres armados asesinó a ocho jóvenes en una vereda de Samaniego cuando se encontraba en una reunión.

Samaniego vive desde hace varios meses los horrores de la guerra por estar ubicado en medio de las rutas del narcotráfico que pasan cocaína desde Pasto, Cauca y Valle del Cauca hacia el pacífico nariñense, pasando por tierra difíciles del Triángulo de Telembí.

El presidente Iván Duque dijo en su cuenta de Twitter: «Condenamos masacre de ocho personas en #Samaniego, Nariño. Desde esta madrugada el @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia están en el lugar y ordené a los generales Eduardo Zapateiro y Jorge Vargas que se desplacen a la zona. Vamos a llegar al fondo y dar con los autores de este crimen».

Y así se siguen llenando los cementerios de personas jóvenes asesinadas sin explicación. En la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza pública, que sólo sirve de escenario para conocer los casos, pero no hay respuesta para consolar a aquellos que han perdido a un familiar en medio del conflicto armado que no termina.

Al parecer se torna como una industria y cada cabeza de un colombiano tiene un precio, por lo tanto; no hay seguridad de sobrevivencia en las zonas rurales, ya que el gobierno a través del ministro de defensa ha expresado que no tienen la capacidad para erradicar tales organizaciones que vienen de gobiernos atrás.

En este recorrido de contexto sobre las crisis de los asesinatos a personas que no tienen que ver con los llamados grupos disidentes o cualquier representación adversa a las políticas de estado; sólo se hace mención a unas de las ultimas masacres, pero en Colombia a diario es escenario de hechos sangrientos que ponen en jaque el esquema de seguridad, una estructura judicial débil antes grupos armados que se mantienen detrás de los bosques colombianos usados, para incrementar el trafico de sustancias estupefacientes; que por año ha sido la mayor industrias del país.

Con todas las estrategias y las ganas del gobierno de ofrecer su mano para solucionar no ha sido posible, los grupos armados viven en medio de cada hogar colombiano, la angustia está presente, y las montañas se llenan de terror con cada hombre armado, algunos de los asesinado son el resultado de una recompensa de presentar una cabeza o el marcaje de un territorio que ya ha sido tomado por el grupo más fuerte.

Las fronteras han sido parte fundamental para el desarrollo de éstas horrendas actividades; que dejan en total vulnerabilidad al campesino, al líder social que se somete al riesgo de morir en el intento de defender a una comunidad que le pide al gobierno nacional presencia de militares por parte del estado que luchen por la nación.

En la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, construyeron hornos crematorios para convertirlos en cenizas; a orillas de más de 200 ríos en Colombia, desmembraron cuerpos para arrojarlos a las aguas con piedras en sus entrañas; en los llanos orientales esperaban el verano para enterrarlos bajo los cauces de los ríos que luego crecían y borraban toda evidencia; inclusive, en el Piedemonte Llanero, asesinaron a los mismos actores materiales de la desaparición, para eliminar cualquier fuente de información que pudiera dar con la ubicación de los restos.

Colombia se tiñe de sangre, y son perdidas irreparables, mientras se siguen operando desde grandes extensiones de tierras; que piden a grito sacar la coca que tanto daño le hace al país, no entendemos porque el tema reposa en los organismos de defensas y despierta en el grito de un colombiano que pide justicia ante tales hechos que atenta con los derechos humanos, cada presidente aporta en un principio como vocero defensor de éstos crímenes pero una vez caliente la silla presidencial existe un mutis de jubilo inmortal.

Redacción: Morales, Carolina / Corresponsal Colombia
Fuente: Fundación Cicatrices sin Sanar / Diario digital Semana.com | Diario digital El País.com
Edición: Villasmil, Henry
Gráficas: EFE

 

 

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