Sismos del 24J: ONG denuncia opacidad y respuesta tardía en Venezuela
El informe de Un Mundo Sin Mordaza revela fallas en los rescates, censura a la prensa y graves discrepancias en las cifras oficiales de víctimas.
Caracas, DC, Venezuela, 15 de agosto de 2026 (ND58).- La organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza presentó un informe que califica como «tardía y deficientemente coordinada» la respuesta del Estado frente a los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.
A cincuenta días de la tragedia, el documento expone graves deficiencias en las labores de rescate, ocultamiento de estadísticas de víctimas y censura sistemática contra la ciudadanía.
El análisis, que abarca desde la fecha del desastre hasta el 10 de agosto de 2026, señala que la reacción gubernamental inicial fue confusa durante las horas críticas de supervivencia.
Según los datos oficiales recabados al cierre del estudio, la catástrofe dejó 6301 fallecidos, 16 740 heridos y más de 53 000 viviendas evaluadas, de las cuales casi 10 000 presentan un alto riesgo estructural.
Opacidad en el registro de personas desaparecidas
Uno de los puntos más críticos del documento es la ausencia de un registro nacional público y consolidado de personas cuyo paradero se ignora.
La organización advierte que los balances emitidos por el Ejecutivo omiten esta información vital, lo que profundiza la angustia ciudadana frente a la magnitud del desastre.
Esta falta de transparencia genera severas discrepancias entre las fuentes gubernamentales y los reportes independientes de cada región.
En el estado La Guaira, los registros locales contabilizan al menos 1579 individuos no localizados y más de 7200 decesos confirmados por allegados, cantidades que superan y contradicen por completo las estadísticas nacionales.
«La falta de una base nominal pública impide considerar los balances oficiales como registros definitivos y vulnera el derecho de las familias a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos», sentencia el texto en alusión a esta crisis de desinformación.
Censura y hostigamiento contra la prensa
El reporte detalla un patrón de persecución contra los habitantes y periodistas que intentaron documentar las irregularidades en las labores de auxilio.
Durante el mes de julio, la agrupación civil Espacio Público contabilizó quince casos de hostigamiento que se tradujeron en veintiséis violaciones directas a la libertad de expresión.
Entre los hechos destaca la detención de Wilmer Antonio Cruz, a quien las autoridades sometieron a una campaña de estigmatización institucional tras denunciar la escasez de equipos de salvamento.
Asimismo, se documentaron bloqueos a portales informativos de internet y un ataque informático dirigido contra la señal del canal de noticias VPITV.
Vulnerabilidad habitacional y daño ecológico
En el ámbito de la infraestructura, el Banco Mundial calculó los daños materiales directos en 19 600 millones de dólares, con una afectación profunda en las zonas residenciales.
El texto cuestiona la calidad de las obras pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela, pues diversas investigaciones sugieren la omisión de estudios de suelo en edificios que terminaron desplomándose.
Paralelamente, el manejo inadecuado de los escombros desencadenó una alerta ecológica en el litoral central del país.
Diversos ciudadanos difundieron material audiovisual que desmiente el discurso de las autoridades, al evidenciar cómo los restos de las demoliciones fueron arrojados al mar y generaron un inminente riesgo sanitario.
Exigencias para una recuperación transparente
Ante este panorama, Un Mundo Sin Mordaza instó a los entes gubernamentales a publicar un sistema de información nominal que facilite la búsqueda de los desaparecidos.
También demandó el cese inmediato de la persecución contra los trabajadores de la información, los rescatistas y las agrupaciones dedicadas a la documentación ciudadana.
Finalmente, la entidad solicitó auditorías técnicas independientes en los edificios derrumbados y la preservación estricta de los escombros como prueba legal para determinar responsabilidades.
La conclusión del documento es clara: la reconstrucción de la nación solo respetará los derechos fundamentales si se cimienta sobre la transparencia, la participación comunitaria y la rendición de cuentas.
Sala de redacción ND58 |Fuente: EFE
Edición: Villasmil, Henry
Gráfica: EFE
